El concejal Rolando González lidera el proyecto de acuerdo que busca ponerle fin al uso y comercialización de vapeadores en menores de edad en la ciudad. La propuesta surgió luego de analizar los datos de varios estudios realizados al respecto, entre los que está el Observatorio de Convivencia Escolar que reportó, en este año, un 16 % de consumo del producto entre los seis mil casos de adquisición de sustancias en colegios.

El cabildante explicó la iniciativa en LAUD 90.4 FM ESTÉREO. “El proyecto busca establecer varios parámetros sobre el aumento de acceso a estos artefactos especialmente en los niños, pues las investigaciones de esta problemática han revelado que desde los siete años algunos comienzan a respirar dicho veneno, por eso queremos restringir el uso de estos y prohibirlos en los menores de edad”.

El proyecto estipula las siguientes directrices para las entidades del Distrito:

•    Identificar, caracterizar y monitorear el fenómeno del vapeo en Bogotá
•    Realizar actividades educativas para que las personas reconozcan el nivel de riesgos en su salud. 
•    Diseñar estrategias que orienten y apoyen a las personas con consumo problemático para reducirlos.
•    Evitar que se vapee en sitios públicos concientizando las personas de los efectos que genera en el ambiente.

“Un menor de 18 años copra un elemento de estos y se lo venden sin ni siquiera solicitarle alguna identificación. Esto es un despropósito en la salud pública, pues los efectos conllevan a enfisemas pulmonares”, enfatizó González.

Entre tanto, los datos del Observatorio muestran que el 76 % de los jóvenes prueban por experimentación, el 81 % lo hace en actividades lúdicas en el colegio, y el 83 % lo hace con los amigos de clase. Por su parte la Fundación Neumológica Colombiana, indicó que el 31 % de los estudiantes de Bogotá entre 10 y 17 años habían probado cigarrillos electrónicos y en el 60 % de los casos, la edad de inicio fue a los 14 años. 

La propuesta ya fue aprobada por la Comisión de Gobierno en el Concejo, ahora solo falta su trámite en la plenaria que se espera sea programado antes del 10 de diciembre. De ser aprobada en esta fase pasaría a sanción del alcalde Carlos Fernando Galán y en tres meses aproximadamente, comenzaría su implementación.

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