El pasado 3 de diciembre en el Congreso de la República se aprobó el Acto Administrativo que modifica el Sistema General de Participaciones, el cual consiste en el monto de dineros que se destinan a los departamentos con sus municipios, para que ejecuten proyectos en pro de la población y satisfagan sus necesidades básicas. Por ser una iniciativa constitucional tuvo que tramitarse en ocho debates, obteniendo en el último 124 votos a favor y dos en contra.

Para conocer más sobre esta iniciativa, LAUD 90.4 FM ESTÉREO, dialogó con Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública y Presupuesto de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, quien explicó que las regiones reciben actualmente 23,8 % de los Ingresos Corrientes de la Nación, es decir, obtienen ese porcentaje de los recursos que posee el Estado en el recaudo de impuestos. Sin embargo “las entidades territoriales consideraron que el monto era insuficiente y promovieron un proyecto de ley para aumentarlo al 39,5 %, que finalmente fue aprobado”. 

El objetivo de la propuesta fue avanzar en la descentralización, lo que significa que las regiones podrán tener más autonomía fiscal y así, no depender solo del Gobierno Nacional concentrado en Bogotá. De igual forma se enfatiza que los recursos, administrados por las alcaldías y gobernaciones, se deberán destinar de manera eficiente en servicios básicos como vivienda, educación, salud, infraestructura, agua potable, saneamiento básico, entre otros. 

Pero, a pesar de este propósito que está, incluso estipulado en la Constitución Política, hubo preocupación por parte de los expertos y economistas por una posible desfinanciación en la implementación de la reforma. “Esto representa que anualmente el Gobierno va a dar alrededor de unos $24 billones de pesos adicionales a las entidades territoriales, entonces ese dinero saldrá de las finanzas del sector central de la Nación”, manifestó el docente.

En ese sentido, los congresistas acogieron este asunto y sujetaron la implementación del Acto Administrativo solo cuando en el parlamento se apruebe la Ley de Competencias entre el 2025 y 2026, que determinará cuáles serán las funciones que tendrá el nivel central y qué otras deben ser asumidas por las regiones, lo que se traduce en mayores responsabilidades para los departamentos, distritos y municipios.

El espíritu de la norma establece que, además de recibir más recursos, los territorios deberán fortalecer su capacidad de autogestión y asumir un rol más activo en la administración, ejecución y supervisión de los programas y proyectos. De esta manera la Nación comenzará a transferir, de forma gradual y durante un plazo de hasta 12 años el monto aprobado. 

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