Chile rechazó por segunda vez la propuesta de cambiar su actual Constitución, con un 55 % de votos en contra, frente al 44 % a favor en el reciente plebiscito del 17 de diciembre. Este revés representa un dilema para el país sudamericano, que buscaba resolver las tensiones sociales surgidas desde el estallido de protestas en octubre de 2019. A pesar de que inicialmente el 80 % de la población estaba a favor del cambio, la propuesta liderada por José Antonio Kast fue nuevamente rechazada. Aquí se desglosan varias claves para entender este resultado y se analiza el futuro de Chile.

En ‘Revista de la Mañana’ estuvo el profesor Giacomo Finzi, doctorando en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional, analizando el panorama que dejó el pueblo chileno en las urnas.

Esta es la segunda vez que el gobierno llama a sus ciudadanos a las urnas para cambiar la Carta Magna y desligarse del antiguo texto creado en la dictadura de Augusto Pinochet, esta medina nace como promesa electoral del presidente Gabriel Boric. El profesor Finzi asegura que se debe recordar que “el proceso de reforma constitucional había sido un tema muy muy insistido por parte de la izquierda, y sobre todo, por parte de la centro izquierda que habían resistido a la dictadura en buena medida y también que había estado en contra de los procesos de aceptación y negociación”, naciendo así como una respuesta a las nuevas generaciones que quieren desligarse del pasado vivido durante la represión.

Aun así, por segunda vez, la opción "en contra" resultó victoriosa y esto se atribuye, en gran medida, a las críticas hacia los contenidos de la propuesta. Calificada como "profundamente neoliberal", los críticos argumentaron que no abordaba las principales demandas surgidas en las manifestaciones de 2019, como reformas en salud, educación y pensiones. La propuesta proponía un sistema mixto en la prestación de servicios, generando desconfianza en la participación del Estado. Además, aspectos como la "protección de la vida por nacer" y la "objeción de conciencia" despertaron preocupaciones sobre derechos de las mujeres. La labor del consejo también fue cuestionada, con una baja evaluación ciudadana, contribuyendo al rechazo de la propuesta.

El experto, también asegura que Chile muestra signos de "fatiga constitucional", resaltando que “se ha generado una frustración frente al primer intento. El derrotismo, buena parte de los movimientos sociales que protagonizaron el estallido social del 2019, vieron esa derrota del 2022, y en cierta medida se desilusionaron con la posibilidad que fuera posible un cambio”.

Después de cuatro años de esfuerzos para cambiar la Carta Magna, la falta de interés se reflejó en la encuesta Cadem, donde el 32 % de los votantes manifestó poco o ningún interés en el proceso. El fracaso del primer intento generó desconfianza y un cambio en la percepción del “cambio constitucional” como solución a la crisis. La seguridad, delincuencia y narcotráfico se posicionan como las prioridades actuales de los chilenos, desplazando el interés por la reforma constitucional.

La falta de unidad entre los sectores políticos contribuyó al fracaso, con diferentes grupos sintiéndose excluidos en ambas instancias del proceso. Se observa un "voto de castigo" hacia la clase política chilena, reflejando la creciente desconfianza en las instituciones políticas y partidos. Tras conocerse los resultados, líderes del oficialismo señalaron la necesidad de reflexionar sobre la falta de unidad y la pérdida de la oportunidad de redactar una nueva Constitución en democracia. Sin embargo, las prioridades actuales apuntan hacia la seguridad pública y la estabilidad económica, descartando la posibilidad de un nuevo proceso constituyente a corto plazo.